El ordenamiento jurídico penal (y especialmente el referido a la actividad económica) ha alcanzado en las últimas décadas un grado de complejidad muy notable. La consecuencia más inmediata de ello, enlo que al error de prohibición se refiere, debería haber sido la de un notorio ensanchamiento de la exención de pena a quienes operan en dichos escenarios complejos, que, sin embargo, no se ha producido.
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